Everything about orden de detencion europea y entrega - asistencia legal
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La primera vez que en el ámbito del Derecho penal se plasmó este principio en un instrumento jurídico de la Unión Europea, fue en la Decisión Marco 2002/584/JAI, relativa a la orden europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, por un proceso de entrega dotado de mayor rapidez y seguridad jurídica.
30. Pide a la Comisión que tenga en cuenta la opinión de los Parlamentos nacionales, de conformidad con el Protocolo n.º 2 del TUE, si make a decision proponer actos legislativos en el ámbito del Derecho penal de la Unión, ya que su participación supone un Regulate de la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en el Derecho penal de la Unión;
Este acuerdo surge de la necesidad de abordar fenómenos delictivos con perfiles transnacionales y se enmarca en una cooperación cada vez mayor en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea.
c) Que la protección derive de la ejecución de una pena o medida que, conforme al Derecho español, haya sido objeto de indulto y corresponda a un hecho o conducta sobre el que tenga competencia.
three. Con la misma finalidad, podrá solicitarse la entrega temporal si la autoridad de ejecución, tras haber acordado la entrega de la persona reclamada, decidiera suspender la misma por estar pendiente en el Estado de ejecución la celebración de juicio o el cumplimiento de una pena impuesta por un hecho distinto del que motivare la orden europea de detención y entrega.
El último título, el X, regula el exhorto europeo de obtención de pruebas que incorpora una nueva decisión marco al normal las normas sobre la transmisión y ejecución de aquella resolución que las autoridades españolas pueden enviar o recibir de otro Estado miembro con objeto de recabar objetos, documentos y datos para su uso en un proceso penal. El exhorto europeo de obtención de pruebas podrá referirse también a procedimientos incoados por las autoridades competentes de otros Estados orden de detencion europea y entrega - asistencia legal miembros de la Unión Europea por la comisión de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento, cuando la decisión pueda dar lugar a un proceso ante un órgano jurisdiccional en el orden penal.
C. Considerando que, en términos generales, la orden de detención europea ha sido un éxito y ha sustituido las extradiciones por entregas; que, en los casos en que el interesado no presta su consentimiento, el tiempo que transcurre hasta la entrega se ha reducido a una media de forty días en 2017 —frente a 50 días por término medio en 2016—, si bien en algunos Estados se tarda en cumplir o no se cumplen las exigencias de reconocimiento mutuo; que en algunos casos aislados los Estados miembros han notificado procedimientos de entrega de hasta noventa días de duración cuando el interesado no había prestado su consentimiento;
two. La orden de protección puede emitirse tanto en relación con medidas impuestas cautelarmente en un proceso penal como respecto de las penas privativas de derechos, siempre que consistan en:
g) La obligación de evitar todo contacto con determinados objetos que la persona condenada ha utilizado o podría utilizar para cometer infracciones penales.
d) Cualquier otro Estado miembro, sin necesidad de recabar su consentimiento, cuando así lo haya declarado ante la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, siempre que exista reciprocidad y concurra al menos uno de los siguientes requisitos:
1. Son autoridades judiciales competentes para emitir una orden europea de detención y entrega el Juez o Tribunal que conozca de la causa en la que proceda tal tipo de órdenes.
Cuando la persona esté sometida a un procedimiento Source penal en España por el mismo hecho que haya motivado la orden.
19. Pide a la Comisión que siga evaluando la transposición de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y otros instrumentos de cooperación have a peek here judicial y que incoe procedimientos de infracción cuando sea necesario;
one. La autoridad judicial española competente transmitirá la resolución de libertad vigilada a la autoridad competente del Estado miembro en el que la persona condenada tenga su residencia legal y habitual y al que haya regresado o desee regresar.